Los casos de fraude en Minnesota son reales. Pero no son nuevos, y no fueron descubiertos recientemente por influencers de derechas. Los fiscales federales y el FBI comenzaron a investigar fraudes a gran escala vinculados a programas financiados por el estado y el gobierno federal de Minnesota años antes de las elecciones de 2024. El caso más grande, Feeding Our Future, fue presentado públicamente en septiembre de 2022, cuando el Departamento de Justicia anunció acusaciones que alegaban que se robaron decenas de millones de dólares en fondos de nutrición infantil durante la pandemia. Desde entonces, más de 50 acusados se han declarado culpables, con procesos judiciales que continúan durante 2023, 2024 y hasta 2025. Para 2023, esas investigaciones ya se habían ampliado más allá de Alimentando Nuestro Futuro hacia los servicios de Medicaid, proveedores de terapia para el autismo, asistencia para la vivienda y programas de cuidado infantil. El Auditor Legislativo de Minnesota, investigadores federales y medios locales como Minnesota Reformer, FOX 9, KSTP y otros ya informaban sobre fallos sistémicos e investigaciones criminales activas mucho antes de que comenzara la campaña presidencial de 2024. Durante la campaña de 2024, los medios nacionales y los influencers políticos replantearon cada vez más estos casos en torno al gobernador Tim Walz. Medios como CNN emitieron segmentos que destacaban el fraude durante un año electoral, a menudo sin dejar claro que las investigaciones, acusaciones y declaraciones de culpabilidad comenzaron mucho antes de que Walz se convirtiera en un objetivo político nacional y mucho antes de que surgieran vídeos virales. Ese encuadre también alimentó el acoso dirigido a la comunidad somalí de Minnesota, con barrios enteros, trabajadores y familias presentados como sospechosos, a pesar de que los casos de fraude son asuntos penales individuales, no culpa colectiva. Ese contexto importa cuando influencers como @nickshirleyy se presentan como si estuvieran exponiendo algo oculto. Su vídeo no inicia una nueva investigación ni revela información desconocida para las fuerzas del orden. Reempaqueta un caso federal en curso que ya había sido acusado, procesado y ampliamente difundido, y lo presenta como un nuevo descubrimiento. Presentarse con una cámara en guarderías, meterse en una investigación activa y provocar acoso hacia una comunidad concreta refleja una grave falta de ética periodística y responsabilidad moral básica. El fraude debe ser procesado y las personas que robaron dinero público deberían ir a prisión. Pero la rendición de cuentas también requiere honestidad sobre los plazos, las fuentes y el impacto. Convertir una investigación criminal activa relacionada con el cuidado infantil en contenido viral durante un año electoral, ignorando años de reportajes previos y mientras comunidades enteras sufren acoso como consecuencia, no es periodismo. Es propaganda de agitación.