El gobierno de Milei introdujo una ley que prohíbe la aprobación de presupuestos con déficits y penaliza a los funcionarios que aumenten el gasto sin recursos documentados con penas de uno a seis años de prisión. También establece hasta diez años de prisión para quienes autoricen la emisión de dinero "irregular" por parte del Banco Central. Los expertos presupuestarios han expresado dudas sobre el posible impacto de politizar el gasto público y la política económica a través del código penal.