Desde el 10 de noviembre, la legislatura ha estado trabajando sin descanso para responder a la decisión de la jueza Gibson a última hora. Ya sea que estés de acuerdo con el resultado del caso, y/o seas un partidario de la Proposición 4, creo que la cronología de este caso es importante para resaltar lo irregular, frustrante e injusto que fue todo este proceso para los votantes de Utah. El gráfico a continuación muestra una cronología detallada del caso. En enero, después de escuchar los argumentos orales, la jueza Gibson compartió con las partes que "el tiempo es esencial" y que emitiría una decisión "lo más rápido posible"; sin embargo, sus acciones dicen lo contrario. Después de ocho meses de silencio, retrasos y plazos cambiantes, la jueza Gibson ha anulado ahora la Constitución de Utah y la voz de los votantes de Utah, imponiendo un mapa congressional elaborado a puerta cerrada por grupos de interés. El mapa final no fue enviado al Vicegobernador hasta DESPUÉS de la fecha límite del 10 de noviembre y el LG acaba de recibir el mapa para implementar, 11 días después de la fecha límite. Seamos claros: esta crisis no ocurrió de la noche a la mañana. Fue creada por el propio retraso de meses de la jueza. Y después de estancar el proceso durante casi un año, excluyó completamente al público, eligiendo un mapa elaborado por grupos de interés privados, no un mapa dibujado por la Legislatura o la Comisión Independiente de Redistribución. Nada en la Constitución de Utah, ni siquiera la Proposición 4, le da a un juez la autoridad para imponer mapas diseñados por grupos privados. La redistribución es una responsabilidad constitucional de la Legislatura, el cuerpo elegido por y responsable ante el pueblo de Utah. Cuando un juez no electo anula ese proceso, se debilita la voz de cada utahense. Esto no es cómo debería funcionar el gobierno. Nuestro sistema depende de la transparencia, la responsabilidad y el respeto por los roles delineados en nuestra Constitución. Los jueces deben defender la ley tal como está escrita, no reescribirla para servir a fines políticos.